LIGA NACIONAL DEFENSORA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Con objeto de concertar un movimiento en contra de “persecuciones injustas y tiránicas”, en 1925 concurrieron a la fundación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa miembros representativos de la Unión de Damas Católicas, los Caballeros de Colón, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y la Confederación Nacional Católica del Trabajo, entre otras organizaciones inspiradas por la “acción social” que propagara la encíclica papal Rerum Novarum (1891).
Sus creadores quisieron hacer énfasis en el “carácter cívico” de la asociación, para tomar distancia de la jerarquía eclesiástica pero sin oponérsele, y en el acta constitutiva se declaraba como finalidad la de “conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias” fueran imponiendo.
En 1926, cuando se decretó la llamada “ley Calles”, que penalizaba conductas contrarias a las disposiciones constitucionales en materia religiosa —incluyendo la clausura de templos y la prohibición del culto—, la Liga encabezó la resistencia pacífica llamando a un boicot comercial, de transportes y espectáculos; reunió dos millones de firmas en apoyo a la petición de los obispos mexicanos para que se derogara el decreto, y luego, cuando la rebelión armada fue inevitable, intentó conducirla, con desiguales resultados a causa de su distanciamiento de los obispos, sus propias divisiones internas y sus diferencias con los jefes combatientes.
La organización se asentaba en un Comité directivo, integrado por los fundadores, y un Comité especial que encauzaba los aspectos militares; de ahí se ramificaban subcomités especiales estatales y delegaciones y comandancias regionales. Al exterior tuvo enlaces y representaciones, principalmente en Estados Unidos y Europa, destacando la Unión Internacional de Todos los Amigos (VITA-México).
Los acuerdos firmados por el gobierno y el Episcopado en 1929, para poner fin al conflicto, no contaron con la anuencia de la Liga, que de hecho resurgiría en 1932 para convocar a una nueva fase de la lucha, si bien desde el año de los acuerdos había suprimido la palabra Religiosa de su nombre, por presión de la autoridad eclesiástica.
Este acervo documental fue donado por uno de los fundadores de la Liga, Miguel Palomar y Vizcarra y, a diferencia de los grupos afines, estaría más relacionado con la instancia ejecutiva de la organización en su primera etapa; constituye una fuente sustancial para el estudio de la llamada acción social católica que se vinculó con el movimiento armado de los cristeros, y además de correspondencia ofrece una variada tipología: actas, manifiestos y proclamas, cartas pastorales, transcripciones de artículos de prensa nacional y extranjera, folletos, volantes, plegarias impresas, etcétera.
[El fondo Conflicto Religioso (LNDLR) , recoge documentación relacionada de distinta procedencia, y los de Manuel Palomar y Vizcarra y Aurelio R. Acevedo incluyen sendos subconjuntos relativos a la misma organización.]